Día: 19 de septiembre de 2023

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería”. La investigación permitió estimar el perjuicio sobre la economía, la recaudación fiscal y la generación de empleo debido a: (i) la no ejecución de los proyectos retrasados por razones ajenas a las empresas entre 2008 y 2022, (ii) la conflictividad social durante 2021-2023 y (iii) los retrasos motivados por la tramitología sobre un proyecto minero modelo representativo.

En primer lugar, se estima que el costo de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas, significó pérdidas de S/ 698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal. Además, se evitó la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera. La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3.9% a 4.7% en el periodo entre 2008 y 2022. Con ello, 1.7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia 2022.

En segundo lugar, el estudio revela que la conflictividad social entre 2021 e inicios de 2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas de S/ 7,000 millones en términos de menor PBI. Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menor. Además, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1,800 millones, equivalente al 5.2% del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo.

Finalmente, se evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que enfrentan los proyectos mineros. Se identificó que los principales cuellos de botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva. Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6-7 años, más del doble del tiempo normativo de 2-3 años. En promedio, el retraso de cuatro años para un proyecto minero representativo del sector puede generar pérdidas para la economía por S/ 12,044 millones y de ingresos fiscales por S/ 2,066 millones. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7,400 empleos por año durante la etapa de producción.

Ante este panorama, es urgente implementar políticas coordinadas que enfrenten las causas subyacentes de la conflictividad social y la tramitología. Abordar estos problemas de manera efectiva es fundamental para fomentar un entorno empresarial más competitivo que permita aprovechar el enorme potencial del sector minero en el Perú para generar empleo y mayores recursos fiscales, permitir crecimiento económico y reducir la pobreza.

Puedes visualizar el estudio completo en este enlace y su respectiva presentación aquí.

Si bien la producción minera, particularmente la de cobre, viene creciendo en forma sostenida este año, contradictoriamente, la recaudación de los diversos impuestos que se aplican a las empresas mineras en el país se viene contrayendo en forma continua este año.

Las compañías del sector aportan porImpuesto a la Renta (IR) de tercera categoría; Impuesto Especial a la Minería (ingresos tributarios), Gravamen Especial a la Minería (recurso público), y Regalías Mineras.

A eso se añaden, las Nuevas Regalías Mineras (contraprestación económica). Toda la recaudación por esos conceptos contribuye al financiamiento de los presupuestos de gobiernos Nacional, regionales y locales.

Sin embargo, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en julio de 2023, se recaudó por estos conceptos una cifra de S/ 388.8 millones, lo que significó una disminución de 40.3% respecto a lo recaudado en julio de 2022 (S/ 651.2 millones).

Así, entre enero y julio del 2023, la recaudación a la mencionada industria alcanzó los S/ 5,556 millones, una caída de 56.0% respecto a los S/12,622 millones obtenidos en igual periodo del 2022.

Del monto total recaudado, en el acumulado, el mayor aporte lo constituyó el Impuesto a la Renta del Régimen General, con S/ 3,788.6 millones, representando el 68.2% del total recaudado. Eso fue seguido por las Nuevas Regalías Mineras (S/ 961.6 millones) y el Impuesto Especial a la Minería (S/675.9 millones) con el 17.3% y 12.2%, respectivamente.

Transferencias también se contraen

En el mismo sentido, las transferencias totales del Estado a las regiones y municipios, por conceptos de canon (que corresponde al 50% del Impuesto a la Renta minera), regalías y derechos de vigencia de esa actividad, cayeron.

El Minem precisa que entre enero y agosto de este año se transfirió más de S/ 6,877 millones a los gobiernos subnacionales, lo que representa una contracción de 32.50% en comparación a los primeros ocho meses del 2022, en que se transfirió S/ 10,189 millones.

Del total transferido hasta el pasado mes, el grueso lo explicó el canon (S/ 5,218 millones), mientras que por concepto de regalías (legales y contractuales) sumaron S/ 1,478 millones.

Entre los departamentos con los mayores montos transferidos, Áncash encabezó la lista con más de S/ 1,682 millones y la mayor participación con un 24.5% del total transferido.

Le siguió Arequipa con un monto superior a los S/ 1,047 millones, concentrando el 15.2%; y en tercer puesto se ubicó Ica con una cifra que superó los S/ 896 millones, representando el 13.0% del total transferido.

Estos tres departamentos representaron en conjunto el 52.7% del monto total distribuido a nivel nacional.

¿Por qué cae la recaudación?

La disminución interanual que se observó en la recaudación fiscal, según el Minem, se debió principalmente al menor desempeño de la actividad económica; así como la caída en los precios de los metales, específicamente del cobre y zinc, principales productos exportados. Sin embargo, para los expertos, la caída en mención puede tener varias causas.

Para Marcial García Schreck, socio de la División de Tax Services de EY Perú, la caída de la recaudación minera afecta también la recaudación tributaria en general, considerando que dicha industria extractiva explica entre el 15% al 17% de esos aportes al fisco.

El especialista consideró que la menor recaudación podría obedecer a que, comparativamente, en los dos últimos años, la recaudación al sector minero rompió récords, entre otros, por los altos precios de los metales como el cobre y el oro.

Otro factor, anotó, sería la caída del tipo de cambio. Las empresas realizan sus exportaciones cobrando en dólares, pero pagan sus impuestos en soles, lo que les genera a las compañías menores ingresos.

Un tercer elemento, consideró, respondería a que algunas empresas mineras que han comenzado a operar este año (lo cual explicaría el incremento de la producción de cobre), lo que implica que al inicio de su operación aún no pagan impuestos.

Recordó que las empresas del sector, en general, empiezan a tributar después de iniciada su operación comercial, en la medida que los recursos que generan en el tiempo, les permite recuperar lo invertido, lo cual puede darse al cabo de dos a tres años de comenzar actividad.

Factores adicionales

Víctor Valdez, especialista en minería y socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, coincidió en que la caída en la cotización del cobre, a US$3,80 por libra este año, desde los más de US$4.00 del año pasado, es lo que afectó la recaudación del sector.

Esa situación, observó, contrae la utilidad neta de las empresas, al igual que el fortalecimiento de la moneda nacional frente al dólar, pero hay otros factores adicionales.

Estos son, explicó, el incremento de la tasa de interés de referencia, lo que incrementa el gasto financiero de las compañías, resultando en menor utilidad operativa, a lo que se suma el incremento en la inflación global y local.

Esto último implica a su vez, refirió, un incremento en los costos de producción, a lo que se sumó a inicios de este año la conflictividad social (que paralizó muchas exportaciones, entre ellas de la minería).

En esa línea, refirió que la perspectiva para el sector minero para el corto plazo aún está complicada, pues a esto hay que añadir la caída de las inversiones en el rubro minero, estimando que esto podría también incidir en una menor recaudación a partir de los siguientes dos años.

Esto, si bien, anotó, a largo plazoel precio se podría recuperar, dada la mayor demanda esperada del cobre (con el cambio de la matriz energética a nivel global).

Fuente:  Gestión

El sector minero viene transformando sus procesos y ha tomado un compromiso con la sostenibilidad. Por ello, la industria en general trabaja con nuevos enfoques, apuesta por tendencias que cuiden al medio ambiente e invierte en proyectos que permitan la gestión sostenible.

La responsabilidad social corporativa (RSC) está tomando fuerza en el planeta. No solo por el cumplimiento con los indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), sino también por el impacto en el desarrollo y en el crecimiento de las compañías, y por el compromiso con la sociedad. Es así como en el mundo de la sostenibilidad hay varias prácticas que ya están transformando el nuevo estándar para la industria. Las firmas mineras, por ejemplo, están midiendo sus prácticas responsables en cobre a través de certificaciones como The Copper Mark y el Performance Expectations del International Council on Mining and Metals (ICMM).

Otras iniciativas incluyen el diseño de planes con compromisos públicos sobre cambio climático, o la ejecución de proyectos que están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad de proyectos de desarrollo sostenible declarados por las empresas mineras en el Perú desde el 2008 hasta el 2020 osciló entre 2,988 y 4,667, mientras que la inversión ejecutada para estos proyectos se incrementó gradualmente y llegó a alcanzar los S/ 700 millones en el 2020.

De acuerdo con Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el sector privado viene dando especial atención a aspectos como derechos humanos, salud y seguridad, protección ambiental, transparencia, equidad y cambio climático, entre otros. “Los efectos del cambio climático nos colocan frente al reto de contribuir con los objetivos nacionales de adaptación y mitigación, en las zonas donde operan nuestros asociados y en sus entornos”, afirma.

Por su parte, René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas, comenta que se debe tomar el compromiso público de llegar al 2050 con la neutralidad de carbono. “La sostenibilidad no se refiere únicamente a la producción responsable: también es la contribución positiva que se hace a personas, inversionistas, medio ambiente y comunidades”, resalta.

Víctor Gobitz, presidente ejecutivo de Antamina, da algunos ejemplos: el sector minero está trabajando en la gestión territorial y de agua, residuos y energía. “Se está promoviendo la generación de corredores económicos en que se integren diversos pisos ecológicos y se genere mayor competitividad para otros sectores económicos”, menciona.

La mirada de las empresas mineras es integral y articulada. Sin embargo, los voceros consultados coinciden en que es necesario que se fortalezcan las capacidades de Gobiernos locales, ciudadanos, asociaciones y empresas, entre otros, para que estos esfuerzos consigan un impacto positivo en el corto y en el mediano plazo.

En el Perú ya destacan algunas iniciativas. El enfoque de Quellaveco busca mejorar la disponibilidad y la calidad del agua para la agricultura en Moquegua, y su política de sostenibilidad ambiental en sus operaciones está dando resultados. Por su parte, Antamina, en Áncash, se plantea apoyar y apalancar recursos para implementar un desarrollo territorial. Otras empresas mineras, como Buenaventura y Volcan, apuestan por iniciativas como la transparencia de los aportes de las industrias extractivas. Hay otro grupo que ha tomado la ruta de la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas para la automatización de sus procesos.

La tecnología como aliada

“La migración hacia sistemas energéticos más sostenibles no solo contribuirá a la reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también permitirá una mayor eficiencia en el uso de recursos”, subraya Carlos Travezaño, CEO de Siemens Perú y Ecuador, y vicepresidente ejecutivo de Siemens Smart Infrastructure.

Agrega que varias minas en el Perú se encaminan a sersmart, al adoptar sistemas inteligentes como sensores de monitorización en tiempo real, gemelos digitales, automatización y conectividad, y realidad virtual, para impulsar así la sostenibilidad de sus operaciones y los recursos.

Pero, más allá de los avances, aún quedan retos por cumplir. Para la SNMPE, uno de ellos es afinar y repensar los mecanismos para el cierre de brechas tanto sociales como en el acceso a servicios públicos fundamentales que beneficien a todos los peruanos, sin los cuales no se puede hablar de desarrollo ni de sostenibilidad.

Fuente: Gestión