Inversionistas presentan 63 indicadores ambientales, sociales y de gobernanza para evaluar a las empresas mineras peruanas

“Cuando una empresa mejora en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), se reduce el riesgo de sufrir eventos negativos, lo que conlleva a un incremento de su rentabilidad y una disminución de su costo de capital”, afirmó Fiorella Lastretto, en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Precisamente, el Programa de Inversión Responsable (PIR), que reúne a diecinueve socios y siete aliados estratégicos a nivel local e internacional, es la organización encargada de articular y empoderar a los actores claves del sistema financiero para promover políticas y prácticas de sostenibilidad que incorporen el impacto material de los criterios ASG.

De esta manera, el referido grupo de trabajo del Programa de Inversión Responsable dio origen a 63 Indicadores Materiales ASG para el sector minero peruano, siendo 26 indicadores para el aspecto medioambiental, 23 indicadores para el aspecto social y 14 indicadores para el aspecto de gobernanza corporativa, cada uno con distintos propósitos.

Por ejemplo, los indicadores del ámbito ambiental tenían el propósito de conocer si la empresa cuenta con una política ambiental aprobada; si controla las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de agua y energía; si mide las toneladas de residuos generados y las emisiones de CO2; y si cuenta con prácticas protección de la biodiversidad.

En el ámbito social, se tiene el propósito de saber si la empresa cuenta con procesos para gestionar riesgos y oportunidades asociados con los derechos e intereses de la comunidad; si elige a sus proveedores con criterios ASG; y si posee lineamientos para gestionar los riesgos vinculados a la integridad de sus trabajadores y de terceros, entre otros.

Por último, en el ámbito de gobernanza corporativa, las preguntas tienen el propósito de dar cuenta si la empresa posee un comité de auditoría; si todos los accionistas tienen los mismos derechos de voto; si se cuenta con un plan de incentivos a largo plazo; y si existe un área de cumplimiento que haga seguimiento a conductas o hechos irregulares o delictivos.

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