La inspección estuvo acompañada de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría. REUTERS/Jaime Saldarriaga
En el Bajo Cauca antioqueño hay un número indeterminado de dragas y retroexcavadoras que se usan para la extracción ilegal de minerales. La destrucción de una de estas dragas, por parte de la fuerza pública, dio inicio a un paro minero en esta zona del país.
El 1 de marzo de 2023 empezaron las manifestaciones, que según el Gobierno nacional, estuvieron lideradas por el Clan del Golfo.
En medio de las protestas se presentaron actos vandálicos que afectaron la seguridad, la movilidad y el bienestar de los habitantes de los departamentos de Antioquia y Chocó.
La Unidad para las Víctimas informó que empezó acciones legales para recuperar dos predios utilizados para la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Se trata de las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres.
En la finca Mandinga el Fondo para la Reparación de las Víctimas encontró que, “sorpresivamente”, se tramitó una licencia ambiental que nunca se le consultó, a pesar de ser el administrador del bien.
Por su parte, en la finca el Marlengo, la Unidad para la Víctimas encontró una ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una amplia problemática social.
Durante su visita, el Fondo para la Reparación logró reunir a todas las autoridades implicadas y, al no contar con las competencias legales para poder frenar estas actividades, solicitó la intervención del Ministerio de Minas, de la Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, Secretaría de Ambiente de Antioquia, Policía y del Ejército Nacional para poder avanzar en la recuperación de los dos predios.
