Un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de una particular denunciada por la toma de un terreno en Hualpén, puso en riesgo el inicio de la construcción de viviendas sociales en el paño.
La resolución judicial, al rechazar decidir sobre la propiedad del terreno, que el Serviu se atribuye, decretó que sea un Juzgado Civil el que determine esa controversia.
Se trata del caso de Violeta Parra, contra quien la Delegación Presidencial, decretó el año pasado una orden de desalojo, asegurando que el paño que ocupa es propiedad del Serviu y en el cual debe comenzar en marzo la construcción de 220 soluciones habitacionales.
La mujer asegura ser dueña del terreno y por eso la presentación del recurso de protección ahora rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción, esto al concluir que debe ser el Juzgado Civil de Talcahuano el que dirima la pugna con el Servicio de Vivienda y Urbanismo.
Al respecto, el director regional del organismo, Marcelo López, señaló que seguirán adelante con las acciones legales para lograr el desalojo, aunque admitiendo el riesgo que la situación pueda retrasar el comienzo de las obras para construir las casas a los miembros del Comité Cabo Aroca.
El cronograma del proyecto social indicaba que la construcción de las viviendas debería comenzar ahora en marzo, lo que podría retrasarse al tener que esperar el pronunciamiento de la justicia civil.
Al respecto, la representante del Comité, Mónica Garrido, admitió que el inicio de la edificación de los inmuebles podría postergarse en un año y por eso la decisión de pedir una audiencia al juez del tribunal civil del puerto.
