Con la entrega, por parte de Petroperú, de las cartas de interés para operar al 100% los lotes I, VI y Z-2B de Talara, se inicia una nueva etapa para la industria de hidrocarburos que podría terminar, según diversos especialistas del sector, con 30 años de contratos lesivos para el Estado peruano, en los que no solo no se avanzó con las promesas de hallar más petróleo y llevar desarrollo social, sino en los que se instaló un modelo de negocio basado en agotar reservas desdeñadas como “marginales” al momento de su privatización.
La entrega de las cartas llega como corolario a la promesa presidencial Dina Boluarte de garantizar el retorno de la estatal a estos tres lotes, realizada en febrero pasado, en su visita a la Nueva Refinería de Talara (NRT). A ello se suma la posición del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de conceder el 100% de operación del Lote X.
Para diversos especialistas del sector, la promesa de campaña debe ser reivindicada en el próximo mensaje a la nación, en días que fenecen los contratos sobre estos cuatro yacimientos, que ocupan más del 80% de la producción talareña.
“No hay ninguna razón para que esos contratos sean renovados en manos del sector privado. Han pasado 30 años en los que no se cumplió ninguno de los objetivos, y por el contrario están devolviendo pozos con una menor producción de las que se les entregó a costo de riesgo cero, pues no tuvieron que explorarlos”, asegura Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en energías.
Una confirmación ya hecha por Isabel Tafur Marín, actual presidenta de Perupetro —agencia estatal responsable de administrar, promocionar y negociar los contratos de petróleo y gas en nuestro país—, quien aclaró que Petroperú sí cuenta con las credenciales para ingresar como sujeto económico a la zona, virtud de su patrimonio neto residual de US$1.900 millones, que incluso le permitiría ingresar junto con una empresa de servicios petroleros integrales al Lote X (hoy explotado por la china CNPC).
