El proyecto Conga de Newmont, valorado en US$4.800 millones en Cajamarca, está siendo parcialmente explotado por mineros ilegales, según autoridades peruanas.
El avance de la minería ilegal en Perú sumó un nuevo capítulo con la denuncia de que el proyecto aurífero Minas Conga, de Newmont Corp., está siendo explotado de forma informal. La iniciativa, valorada en alrededor de US$4.800 millones y ubicada en la región de Cajamarca, se encuentra detenida desde hace más de una década, pero ahora está en la mira por la presencia de mineros ilegales en parte de sus concesiones.
Así lo confirmó el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, quien señaló que el proyecto “está siendo parcialmente explotado por minería ilegal”. La compañía, con sede en Denver y considerada el mayor productor de oro del mundo, no se refirió de inmediato a la denuncia.
Un proyecto paralizado que abrió espacio a la minería ilegal
El desarrollo de Conga fue detenido poco después de obtener sus permisos ambientales, a inicios de la década de 2010, tras una fuerte oposición de comunidades agrícolas que derivó en protestas y episodios de violencia. Pese a la paralización, Newmont mantiene los derechos mineros sobre el yacimiento.
Para el gobierno peruano, el vacío dejado por la minería formal ha sido ocupado por actores ilegales.
“Cuando la minería legal, que cumple altos estándares, no se desarrolla, le cede espacio a la minería ilegal, que contamina y usa la violencia”, advirtió Álvarez, quien actúa como principal colaborador del presidente interino José Jeri.
Incentivos al alza: precios récord y vulnerabilidad rural
Newmont se suma así a otras grandes compañías que reportan la presencia de mineros informales en sus concesiones. Firmas como Southern Copper Corp., First Quantum Minerals Ltd. y MMG Ltd. también han señalado que la minería ilegal ha retrasado proyectos y generado conflictos en distintas regiones del país.
El escenario se ha visto exacerbado por los precios cercanos a máximos históricos del oro, que incrementan los incentivos económicos para la explotación informal en zonas rurales pobres, donde el Estado tiene escasa presencia institucional y limitadas capacidades de fiscalización.
Reinfo: un permiso polémico en el centro del debate
Las autoridades peruanas enfrentan crecientes dificultades para controlar el avance de la minería ilegal y regular la actividad informal. En ese contexto, el gobierno respaldó la extensión de un controvertido permiso conocido como Reinfo, que permite a los mineros en proceso de formalización operar bajo requisitos más laxos.
La medida es fuertemente cuestionada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que advierte que el Reinfo puede incentivar la expansión de la minería informal y generar mayor incertidumbre para la inversión formal.
Impacto ambiental: ríos contaminados con mercurio
Más allá del impacto económico, el gobierno alertó sobre las consecuencias ambientales y sociales de la minería ilegal en Conga y sus alrededores.
“Se dijo sobre Conga que no debía hacerse porque las comunidades preferían la agricultura. Ahora, los ríos que nacen en la zona de Conga están siendo contaminados por el mercurio usado en la minería ilegal. Es una situación macabra”, afirmó Álvarez.
El uso de mercurio para la recuperación de oro es una de las prácticas más dañinas de la minería ilegal, ya que contamina aguas superficiales y subterráneas, afecta suelos y ecosistemas, y genera graves riesgos para la salud de las comunidades.
Un desafío clave para la gobernanza minera de Perú
El caso Conga vuelve a poner en primer plano el desafío de articular minería formal, protección ambiental y aceptación social en Perú, uno de los mayores productores de metales del mundo.
La paradoja es evidente: un proyecto de gran escala, con estándares ambientales y sociales más exigentes, permanece paralizado, mientras operaciones ilegales avanzan sin control, generando contaminación, violencia y pérdida de ingresos fiscales.
El desenlace de la situación en Minas Conga será observado de cerca por la industria, las comunidades y los mercados, como un termómetro de la capacidad de Perú para reordenar su sector minero y enfrentar la expansión de la minería ilegal en zonas de alto potencial geológico.
