El derrame de jales que provocó la clausura de la mina Sago Import Export en Zimapán el pasado mayo no fue un evento aislado. Fue el síntoma más reciente y agudo de la compleja encrucijada que enfrenta la minería en Hidalgo: un sector anclado a una herencia histórica de la que es custodio y prisionero, y que hoy opera bajo un paradigma de riesgos económicos, sociales y regulatorios radicalmente nuevo.
Para una industria que forjó la identidad del estado, el futuro ya no se mide en la riqueza del subsuelo, sino en la capacidad de navegar un entorno operativo cada vez más restrictivo y vigilado.
Hidalgo, cuna de la minería industrial en México, mantiene una posición estratégica en el portafolio nacional. A pesar de que su época dorada como gigante productor de plata ha quedado en los anales de la historia, las cifras del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2024 (con datos de 2023) confirman su relevancia. El estado se posiciona como el líder indiscutible en la producción de manganeso, con 183,180 toneladas, aportando la casi totalidad del volumen nacional. Además, se mantiene como un actor clave en la producción de metales base, ocupando el cuarto lugar en plomo (12,878 toneladas), el quinto en zinc (33,425 toneladas) y el octavo en cobre (981 toneladas), principalmente a través de concentrados polimetálicos.
Este rendimiento es sostenido por dos ejes geográficos y corporativos bien definidos. Por un lado, la región de Molango, dominada por las operaciones de Compañía Minera Autlán, que explota uno de los yacimientos de manganeso más importantes del continente. Por otro, el histórico distrito de Zimapán, donde un clúster de empresas, incluyendo a Santacruz Silver Mining, Carrizal Mining y Compañía Minera y Beneficiadora Purísima, extrae concentrados de plata, plomo, zinc y cobre. Tan solo en el segundo trimestre de 2025, la mina Zimapán operada por Santacruz Silver reportó una producción de 350,231 onzas equivalentes de plata.
A nivel macro, el sector minero nacional, según la Cámara Minera de México (CAMIMEX), genera 416,663 empleos directos y ostenta salarios un 34% superiores a la media industrial. Sin embargo, la ausencia de datos oficiales desglosados a nivel estatal sobre el número de empleos directos e indirectos en Hidalgo, así como sobre el monto de la inversión extranjera y nacional específica para el sector, representa un vacío de información significativo para cualquier análisis de riesgo o planeación estratégica. La contribución real al PIB estatal y al desarrollo local se infiere más de lo que se cuantifica.
El nuevo paradigma de la Ley Minera
El factor que define la estrategia operativa y la viabilidad de proyectos a mediano y largo plazo es, sin duda, la reforma a la Ley de Minería de mayo de 2023. Esta legislación reconfiguró drásticamente el mapa de riesgos. La eliminación del carácter de «actividad preferente» para la minería subordinó su desarrollo a otros usos del suelo y del territorio, un cambio conceptual con profundas implicaciones prácticas.
Los puntos clave de la reforma son:
- Exploración centralizada: La exploración de nuevos yacimientos se convierte en una facultad exclusiva del Estado, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Las empresas privadas ya no pueden encabezar la búsqueda de recursos, lo que limita su capacidad para expandir sus reservas y planificar a futuro.
- Reducción de concesiones: La duración de las concesiones se reduce de 50 a 30 años, con una única prórroga posible de 25 años, sujeta a un estricto cumplimiento de nuevas y extensas obligaciones.
- Consulta y agua: Se introduce la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y afromexicanas, y se prohíbe explícitamente otorgar concesiones en áreas naturales protegidas. Adicionalmente, se eleva el nivel de exigencia para obtener concesiones de agua para uso industrial minero.
El impacto de esta reforma ya se refleja en las cifras nacionales de inversión. CAMIMEX reportó una caída del 11.5% en la inversión en exploración durante 2024. Para Hidalgo, esto sugiere que el futuro inmediato del sector no yace en proyectos greenfield, sino en la optimización, y a menudo en la conflictiva expansión, de las operaciones existentes.
Zimapán, un microcosmos de la tensión operativa
El municipio de Zimapán funciona como un laboratorio de las presiones que enfrenta la minería hidalguense. Aquí coexisten la alta productividad, la crisis ambiental y la inestabilidad social. El derrame de jales de la mina Sago Import Export en mayo de 2025, que contaminó un arroyo y fue denunciado por ciudadanos en redes sociales antes de provocar la intervención de la PROFEPA, es un caso de estudio sobre el riesgo ambiental agudo. La rápida clausura de la planta de beneficio demuestra una mayor capacidad de respuesta regulatoria, impulsada por la vigilancia social.
Apenas unos meses antes, en noviembre de 2024, la región fue escenario de un severo conflicto laboral. La disputa por la titularidad de los contratos de transporte de mineral entre sindicatos locales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cemento escaló hasta paralizar las operaciones de al menos seis minas. El paro, que duró varios días, generó pérdidas millonarias y demostró la fragilidad de la cadena de suministro ante conflictos intergremiales, un riesgo social que va más allá de la tradicional dicotomía empresa-comunidad.
El pasivo ambiental, un riesgo latente y heredado
Si Zimapán representa la crisis aguda, el distrito minero de Pachuca-Real del Monte encarna el riesgo crónico. La región alberga más de 240 millones de toneladas de jales (residuos mineros), un pasivo ambiental heredado de siglos de explotación. Estos depósitos, ricos en metales pesados como arsénico y plomo, representan una fuente constante de contaminación de aire, suelo y agua.
Los intentos de remediación han sido técnica y socialmente complejos. El fallido «Proyecto Pachuca», que buscaba trasladar los jales a un geo-contenedor en el municipio de Epazoyucan, fue cancelado debido a una férrea oposición social. Este episodio subraya una realidad ineludible para cualquier operador industrial: la gestión de pasivos ambientales no es solo un desafío de ingeniería y financiero, sino principalmente de obtención de licencia social, incluso para proyectos de remediación.
El frente social y la licencia para operar
La licencia social para operar es, quizás, el activo más volátil y crucial en la minería hidalguense actual. El caso de Minera Autlán en la Sierra Hidalguense, documentado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), es emblemático. Comunidades de los municipios de Lolotla y Molango han mantenido un conflicto de largo plazo con la empresa, denunciando la contaminación del río Claro con manganeso y otros metales, y atribuyendo a esta polución un aumento en enfermedades entre la población.
Esta realidad contrasta con las declaraciones corporativas. Tanto Autlán como Santacruz Silver, en sus reportes a inversionistas y secciones de sostenibilidad, destacan sus compromisos con los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), detallando inversiones en manejo de agua, reducción de emisiones y programas de apoyo comunitario. Sin embargo, incidentes como la fatalidad de un trabajador en la mina de Santacruz en Zimapán en septiembre de 2023, o los conflictos persistentes en la Sierra, demuestran que la implementación de estas políticas en el terreno sigue siendo el principal desafío operativo y reputacional.
Legado y futuro, más allá del mineral
La paradoja de Hidalgo es que su profunda identidad minera es a la vez su motor y su ancla. El legado de los mineros de Cornualles del siglo XIX no solo se ve en la arquitectura del Panteón Inglés de Real del Monte o en la introducción del fútbol, sino que dio forma a una cultura de trabajo y una economía regional. El «paste», hoy ícono gastronómico, nació como el almuerzo práctico de aquellos mineros.
Hoy, ese legado se enfrenta a un futuro incierto. La combinación de una estricta nueva legislación que desincentiva la exploración, la creciente presión de las comunidades por un desempeño ambiental y social impecable, y la volatilidad inherente de los mercados de metales, configura un escenario de alto riesgo. El éxito en la minería de Hidalgo ya no depende de la pericia geológica para encontrar la veta, sino de la habilidad ingenieril y directiva para diseñar operaciones resilientes, gestionar pasivos históricos y, fundamentalmente, construir una relación de confianza verificable con una sociedad que exige más que solo empleos y regalías. La era de la extracción ha dado paso a la era de la negociación y la gestión del riesgo integral.
