Minería ilegal en Perú desata violencia, devastación ambiental y amenaza a comunidades amazónicas

La minería ilegal continúa expandiéndose en la Amazonía peruana y deja tras de sí un rastro de violencia, deforestación y temor. En zonas como La Pampa, el río Santiago y el área de conservación Panguana, comunidades locales y defensores ambientales enfrentan amenazas constantes, desplazamientos forzados y un deterioro acelerado de los ecosistemas.

En un contexto marcado por elecciones generales, un especial de Mongabay Latam expone cómo redes vinculadas al crimen organizado han consolidado su presencia en estos territorios. El reportaje plantea que frenar el avance de esta economía ilícita se perfila como uno de los desafíos más urgentes para el Perú en 2026.

Especialistas consultados advierten que el debate electoral no debería soslayar la problemática ambiental. Sostienen que las propuestas de los candidatos deben incluir medidas concretas frente a la minería ilegal y la criminalidad organizada, fenómenos que no solo afectan los bosques, sino también la gobernabilidad y la seguridad en amplias zonas del país.

En el área de conservación Panguana, trabajadores han denunciado amenazas de muerte por parte de mineros ilegales. La actividad extractiva ha generado daños severos en los bosques y en el ecosistema del río Yuyapichis, obligando al personal a retirarse por razones de seguridad ante la falta de garantías para permanecer en la zona.

La situación también golpea con fuerza a las comunidades indígenas del río Santiago. En territorios del pueblo wampís se han identificado más de veinte dragas operando en los ríos, junto con tala ilegal de madera y un incremento de la violencia. Líderes locales denuncian abandono estatal mientras la presión sobre sus territorios se intensifica.

En La Pampa, en Madre de Dios, la minería ilegal de oro ha derivado en un entorno dominado por estructuras criminales que ejercen control armado, extorsionan y amedrentan a pobladores y periodistas. Investigaciones periodísticas recientes describen un escenario de impunidad y corrupción que facilita la continuidad de estas actividades ilícitas, con impactos devastadores sobre la selva y las comunidades que la habitan.

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