José Medina Mora Icaza fue electo por unanimidad como Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el periodo 2026-2027, durante la Asamblea General Anual Ordinaria del organismo. Su designación ocurre en un contexto marcado por discusiones regulatorias, expectativas económicas para 2026 y la preparación del sector privado rumbo a la revisión del T-MEC.
Liderazgo empresarial y contexto regulatorio para 2026
En su mensaje, Medina Mora señaló que la conducción del CCE se orientará a promover condiciones de certeza económica, seguridad y reglas claras para la inversión, y que su gestión tendrá tres ejes: impulsar un crecimiento económico estable, fortalecer la participación técnica del sector empresarial en el proceso de revisión del T-MEC en 2026 y mantener un diálogo permanente entre Gobierno, empresas y sociedad para avanzar en acuerdos que eleven la productividad y amplíen las oportunidades económicas.
“Asumo este encargo con la certeza de que, juntos, seguiremos fortaleciendo la influencia y el impacto del CCE en la vida nacional. Dialogar para avanzar será nuestro eje, construyendo con todos para que el país alcance su máximo potencial”, declaró.
Transición en el CCE y continuidad del diálogo con el Gobierno
Durante la sesión, la Comisión Ejecutiva del CCE destacó la labor del presidente saliente, Francisco Cervantes Díaz, quien durante su periodo consolidó la interlocución del sector privado con el Gobierno federal y mantuvo una agenda activa en temas como nearshoring, inversión estratégica, innovación, Estado de derecho y política industrial.
Cervantes expresó su respaldo al nuevo presidente y reiteró que la continuidad del diálogo será relevante para aprovechar las oportunidades económicas del país.
Medina Mora afirmó que su gestión mantendrá una política de puertas abiertas, enfocada en la escucha y la construcción de consensos.
De acuerdo con el nuevo presidente del CCE, el organismo buscará contribuir a la estabilidad económica, al crecimiento sostenido y al bienestar de las familias mediante una participación más articulada del sector empresarial en decisiones económicas y regulatorias.
