En una sesión marcada por protestas, señalamientos cruzados entre legisladores y un acelerado proceso legislativo, la Cámara de Diputados aprobó (con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones) la reforma a la Ley de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales.
La discusión avanzó en “fast track”, aun cuando productores agrícolas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz bloquearon los accesos a San Lázaro con tractores para exigir que se frenara el dictamen, elaborado el mismo día por comisiones.
La reforma, que regula el acceso, uso, saneamiento, distribución y aprovechamiento del agua en México, incluye nuevos criterios de concesión, reglas para reasignación de volúmenes, regulación de zonas de libre alumbramiento y un endurecimiento de sanciones por uso indebido del recurso. Tras una jornada tensa que se extendió por más de seis horas, la mayoría oficialista logró avanzar la iniciativa, que se discute en el Senado este jueves por la mañana.
Tanto la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) como la Cámara Minera de México (Camimex) externaron su inquietud ante la celeridad del proceso legislativo y la ausencia de una consulta técnica con sectores estratégicos.
Desde la AIMMGM, se advirtió que varios artículos podrían generar incertidumbre operativa, particularmente aquellos relacionados con la reasignación de volúmenes, los plazos de resolución y el concepto de “zonas de libre alumbramiento”, los cuales, señalaron, requieren definiciones más claras para evitar criterios discrecionales. La Asociación llamó a garantizar certeza jurídica para todas las industrias que dependen de la gestión hídrica, incluida la minería, sector donde el agua es indispensable para procesos y donde ya existen fuertes regulaciones y estándares de recirculación.
Por su parte, la Camimex consideró que la aprobación acelerada de la reforma deja fuera la oportunidad de incorporar propuestas técnicas que fortalezcan la gestión sostenible del recurso, además de advertir que los cambios planteados podrían retrasar inversiones, impactar la continuidad de operaciones y generar nuevas cargas administrativas en regiones donde la disponibilidad de agua ya es limitada. La Cámara reiteró que el sector minero es uno de los que mayor volumen de agua recicla en el país y subrayó que cualquier modificación normativa debe partir de información científica y diálogo multisectorial.
La reforma plantea que las concesiones de agua dependerán de la disponibilidad media anual, revisada cada dos años. También crea un fondo de reserva de aguas nacionales y establece que la nueva “Autoridad del Agua” resolverá trámites de reasignación en plazos máximos de 20 días hábiles.
Respecto al traspaso de derechos, se establece que quien adquiera tierras vinculadas con un título de concesión conservará el uso y el volumen hasta concluir la vigencia del permiso original, siempre que actualice el cambio de dominio.
Las sanciones también se endurecen: se contemplan penas de prisión de hasta ocho años para quien comercialice agua obtenida ilegalmente, modifique cauces sin autorización o realice desvíos que afecten ecosistemas o pongan en riesgo la vida humana.
Trasciende que el Senado de la República convocó a sesión este jueves a las 8:00 horas para recibir y discutir la minuta proveniente de San Lázaro. Ante el riesgo de nuevas protestas de agricultores, la Mesa Directiva informó que aún está por definirse el recinto donde sesionarán los legisladores.
