El gobierno de México prepara un reglamento minero que se prevé entre en vigor en septiembre, pero especialistas coinciden en que dicho instrumento no revertirá la caída de la exploración minera privada. Los cambios legales prometen mayor claridad normativa y ajustes en los procesos, sin embargo no abordan las causas profundas que han provocado el declive de inversiones en terrenos nuevos.
La reforma minera de mayo de 2023 asignó al Servicio Geológico Mexicano (SGM) la exclusividad de la exploración, restringiendo la capacidad de iniciativa de empresas privadas. Esa medida, señalan líderes del sector, generó un clima de incertidumbre que aún persiste.
Ejecutivos de compañías mineras coinciden con académicos en que, aunque el reglamento incorporará mecanismos para tramitar permisos y concesiones de forma más transparente, esos avances no compensarán la falta de incentivos fiscales ni la ampliación de concesiones en nuevas zonas. Inversores piden reglas del juego que permitan repartir riesgos, rentabilidades y responsabilidades, sobre todo en estados donde los costos logísticos, ambientales y de infraestructura son significativamente altos.
El marco legal vigente ha exigido negociaciones adicionales con comunidades agrarias, ejidos y propietarios de tierras, tras eliminar algunos privilegios de concesionarios, como el derecho preferente de concesiones y ciertas expropiaciones implícitas. Estas medidas, lejos de tranquilizar al sector, han sido vistas como cargas extra o como barreras administrativas y políticas que elevan los costos e incrementan los tiempos.
Las cifras reflejan ya el impacto: la producción minera en la primera mitad de 2025 mostró caída y el estancamiento se acentúa en exploraciones privadas. Solo las concesiones existentes operan; nuevas exploraciones privadas prácticamente están detenidas.
Las inversiones dependen de varios factores que el nuevo reglamento aún no resuelve: seguridad jurídica, certeza sobre patentes mineras, derechos de propiedad, infraestructura de acceso, y claridad regulatoria para permisos ambientales y sociales. Hasta que no haya acción sobre esos temas, los consultores advierten que los empresarios preferirán esperar a que los riesgos disminuyan antes de comprometer capital en exploración.
