El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció esta semana un incremento arancelario significativo sobre una amplia gama de productos derivados del acero y el aluminio. Se trata de una medida que afecta a 407 categorías de productos importados, desde turbinas eólicas y grúas móviles hasta electrodomésticos, vagones de tren, motocicletas y componentes clave para vehículos eléctricos.
El nuevo esquema impone un arancel del 50% sobre cualquier contenido de acero y aluminio incluido en los productos listados, sumado a la tarifa correspondiente al resto de los materiales. Esta decisión, que ya ha entrado en vigor, marca un punto de inflexión en la política comercial estadounidense, con consecuencias que trascienden sus fronteras.
En términos económicos, Evercore ISI estimó que los códigos afectados representaron importaciones por más de 200 mil millones de dólares durante el año pasado. Según su análisis, la medida elevará el arancel efectivo general de importaciones en aproximadamente un punto porcentual. Aunque este número pueda parecer modesto, su impacto en sectores específicos como el automotriz, el energético o el de electrodomésticos es considerable.
Los fabricantes estadounidenses de acero, entre ellos Cleveland Cliffs y Nucor, presionaron activamente para que el gobierno ampliara el alcance de los aranceles. La intención, según lo expresó el subsecretario de Comercio para la Industria y Seguridad, Jeffrey Kessler, es frenar las vías de elusión de las tarifas previas y fortalecer el proceso de revitalización del sector metalúrgico nacional.
Este anuncio no es un movimiento aislado. Se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la administración estadounidense para contener lo que considera una competencia desleal por parte de productos extranjeros subsidiados o de bajo costo, especialmente provenientes de Asia. La medida, sin embargo, ha encendido las alarmas en varias industrias clave, particularmente en aquellas donde la capacidad productiva nacional sigue sin cubrir la demanda interna.
Un punto especialmente sensible es el sector automotriz. Las nuevas tarifas incluyen partes para sistemas de escape, acero eléctrico —vital para los motores de vehículos eléctricos—, y componentes esenciales de autobuses y sistemas de aire acondicionado. Fabricantes extranjeros y asociaciones del sector solicitaron formalmente al Departamento de Comercio que excluyera estas piezas, alegando que Estados Unidos no tiene la capacidad de producción suficiente para suplirlas internamente. No fueron escuchados.
Incluso Tesla, empresa emblemática de la transición energética, intentó sin éxito frenar la inclusión de ciertos productos de acero utilizados en motores eléctricos y turbinas eólicas. Argumentó que el país no dispone de acero de la calidad necesaria para los módulos de tracción de sus vehículos eléctricos. La petición fue rechazada.
En paralelo, otros sectores aparentemente menos visibles también resultan golpeados. Las tarifas abarcan compresores, bombas industriales, motores marinos, vagones de carga y hasta empaques metálicos para productos cosméticos. Este último punto ha generado inquietud en la industria de bienes de consumo, que depende ampliamente de estos insumos metálicos importados para mantener precios competitivos.
La medida genera dudas en cuanto a su eficacia a largo plazo. Si bien puede traducirse en un alivio momentáneo para los productores de acero y aluminio en Estados Unidos, el encarecimiento de insumos clave puede repercutir negativamente en toda la cadena de valor. Las empresas que dependen de estos productos enfrentan ahora mayores costos, lo que podría trasladarse al consumidor final o limitar su capacidad de inversión.
El precedente inmediato que inspira esta decisión se remonta a los aranceles implementados durante la administración de Donald Trump en 2018, conocidos como “tarifas 232”, con las cuales se argumentaba una necesidad de proteger la seguridad nacional mediante la recuperación de la base industrial siderúrgica. Desde entonces, el debate sobre el equilibrio entre protección y competitividad no ha cesado.
Más allá del trasfondo económico, esta acción también tiene lecturas geopolíticas. En un contexto de tensiones comerciales con China, cualquier barrera arancelaria adicional puede escalar las fricciones. Asimismo, la medida puede generar respuestas similares en otras economías que perciban un trato injusto o desproporcionado. Las relaciones con socios como la Unión Europea, Corea del Sur o México podrían verse afectadas si alguno de sus sectores exportadores resulta perjudicado de manera significativa.
A nivel interno, el gobierno justifica su decisión como un acto necesario para sostener empleos industriales, incentivar la inversión nacional y reducir la dependencia de insumos críticos del extranjero. No obstante, el impacto sobre industrias emergentes, como la de energías renovables, podría contradecir los objetivos climáticos y de transición energética que Washington ha promovido en foros internacionales.
El caso de las turbinas eólicas es ilustrativo. La industria requiere acero de alta resistencia y precisión, que en muchos casos no se produce a nivel doméstico en las cantidades requeridas. Al encarecer estos equipos, se encarece también la instalación de nuevos parques eólicos, comprometiendo el avance de una fuente clave de generación limpia.
Si bien la medida tiene un fundamento estratégico y responde a demandas legítimas del sector acerero, conviene preguntarse si el momento y la forma han sido los adecuados. En un entorno económico global marcado por la incertidumbre, la inflación y la volatilidad en los precios de los commodities, cualquier movimiento abrupto puede desencadenar efectos no deseados.
Desde la perspectiva latinoamericana, especialmente para países exportadores de metales como México, esta decisión impone un desafío adicional. La industria manufacturera mexicana, altamente integrada con la estadounidense, podría sufrir retrasos, mayores costos y pérdida de competitividad si sus productos se encarecen o se ven excluidos del mercado vecino.
No es la primera vez que el proteccionismo económico choca con las realidades de la interdependencia comercial. Pero sí es una de las más claras señales de que, en tiempos de crisis, la defensa de la industria local vuelve a estar en el centro de la estrategia económica de Estados Unidos. La pregunta es si ese enfoque será sostenible o si terminará por aislar a la economía más grande del mundo de las cadenas de valor globales que la sostienen.