La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una reforma al artículo 28 de la Constitución, donde establece que el transporte ferroviario de pasajeros es “un área prioritaria para el desarrollo nacional”.
La reforma permite que los trenes de pasajeros utilicen las vías ya existentes, sin que ello afecte la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga.
El servicio de transporte de pasajeros apenas usa el 7,55% del total de las vías ferroviarias en operación, según datos presentados en la conferencia matutina de este miércoles por Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).
El funcionario señaló que con esta reforma se busca que “los 18 mil kilómetros del servicio de pasajeros puedan ser operados por entidades públicas”.
El Gobierno Federal podrá otorgar concesiones a empresas privadas, así como asignaciones a estados, municipios y entidades paraestatales para operar los trenes de pasajeros en todo el país.
Lajous Loaeza dijo que esta medida mejorará la conectividad de muchas comunidades que quedaron “aisladas tras la privatización” de los trenes en 1995, con “mayor seguridad, reducción en la huella de carbono” y una “mejor calidad de vida” a los usuarios.
Bajo la administración de López Obrador se pusieron en funcionamiento 2,240 kilómetros de servicio ferroviario para pasajeros, según Lajous Loaeza. Sheinbaum busca continuar con el plan de su antecesor y poner en operación durante su sexenio más de 3,000 kilómetros adicionales de vías para trenes de pasajeros.
Para estos proyectos ferroviarios, el próximo año se destinarán cerca de 150 millones de pesos (unos US$ 7,710,231), indicó la mandataria en la conferencia.
La reforma aprobada en Diputados fue enviada al Senado para su discusión. En caso de ser avalada, deberá ser remitida a los congresos de las 32 entidades federativas, ya que, al tratarse de una reforma constitucional, requiere la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales.
México y su historia con los ferrocarriles
En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó Ferrocarriles Nacionales de México, una empresa que operó tanto los servicios de pasajeros como los de carga.
A pesar del impulso inicial, los Ferrocarriles Nacionales de México enfrentaron problemas de gestión y disciplina tanto en el sector obrero como gubernamental, lo que afectó su desempeño y crecimiento a largo plazo, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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“En lugar de subir las tarifas y reducir subvenciones, tanto los trabajadores como el gobierno trataron de salirse con la suya a costa de la calidad del servicio y el éxito empresarial”, señala el INAH en su sitio web.
Con la reforma de 1995 se inició el proceso de privatización de los trenes. Esto implicó la cancelación de los trenes de pasajeros y el predominio de los trenes de carga. El cambio permitió que el presidente de turno pudiera otorgar la concesión del 84,5% de las vías existentes a entidades privadas para su explotación.
De acuerdo con la iniciativa enviada al Congreso, desde la privatización hasta 2017 solo se construyeron 23 kilómetros de nuevas vías.
A partir de 2018 inició la reactivación del servicio de pasajeros con el Tren Maya, del tren Istmo de Tehuantepec y el tren ‘El Insurgente’, todos ya en operación.
