El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Representante Comercial Katherine Tai, ha solicitado una investigación formal contra la compañía canadiense Orla Mining, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta acción responde a presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva en la planta Minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas.
La solicitud, anunciada recientemente, implica la posibilidad de sanciones significativas para la minera, especializada en la extracción y producción de oro y plata. La decisión de Katherine Tai también ha instruido al Departamento del Tesoro de EE.UU. a suspender temporalmente la liquidación de aranceles sobre bienes de Orla Mining, subrayando el compromiso del gobierno estadounidense con la protección de los derechos laborales en la región.
La queja, marcada como la número 27 en el ámbito laboral del T-MEC, fue presentada el 24 de junio por el Sindicato Nacional Minero, dirigido por el senador Napoleón Gómez Urrutia. En esta, se alega que la empresa ha interferido indebidamente en los asuntos sindicales, con la intención de socavar el apoyo al sindicato titular Minero y promover la afiliación de los trabajadores a un sindicato externo vinculado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).
La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. revisó la queja y concluyó que existe evidencia suficiente y creíble para invocar el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC de buena fe. En consecuencia, México tiene un plazo de 10 días para aceptar realizar una revisión interna de las acusaciones y, de aceptar, contará con 45 días adicionales para completar dicha revisión.
La Minera Camino Rojo, operada por Orla Mining, es actualmente una de las concesionarias mineras más grandes de México. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la empresa obtuvo derechos sobre un extenso polígono de 160 mil hectáreas en el semidesierto de Mazapil, Zacatecas, para la exploración y producción de minerales preciosos como oro y plata.
El caso representa un desafío significativo tanto para la empresa canadiense como para las relaciones laborales en la industria minera de México, resaltando las tensiones en torno a los derechos de los trabajadores y las políticas de regulación internacional bajo el T-MEC.
