El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar, con una mayoría de nueve votos, la resolución de cualquier amparo pendiente relacionado con las reformas en concesiones para minería y agua. Esta decisión busca garantizar la seguridad jurídica y evitar la emisión de sentencias prematuras mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad clave.
Las reformas involucradas incluyen la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que esta medida pretende evitar resoluciones contradictorias mientras se determina la constitucionalidad de las reformas. Según Batres Guadarrama, “En tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad 129/2023 que permita determinar el criterio general de constitucionalidad que debe prevalecer sobre el Decreto referido (Ley Minera), debe aplazarse la emisión de resoluciones de fondo en los asuntos que conoce esta SCJN, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito”.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito había concedido un amparo contra estas normas legales el 16 de febrero de 2023. Esta resolución desencadenó la reciente acción de la SCJN para evitar inconsistencias legales mientras se delibera sobre la acción de inconstitucionalidad 129/2023. La acción de inconstitucionalidad, presentada por diputados de oposición, cuestiona la validez de las reformas aprobadas el 8 de mayo de 2023. El ministro Alberto Pérez Dayán tiene esta acción a su cargo, y su discusión en el pleno de la SCJN sigue pendiente.
El aplazamiento de las resoluciones podría generar incertidumbre en el sector minero y de agua. Las empresas deben esperar a que la SCJN defina la constitucionalidad de las reformas para planificar sus operaciones futuras.
Esta decisión refleja la complejidad y la importancia de las reformas en las concesiones de minería y agua en México. La espera de la resolución definitiva por parte de la SCJN será crucial para establecer un marco legal claro y consistente que rija estos sectores estratégicos.
