La administración del presidente Joe Biden pidió a empresas que documenten violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el sector de energía para dar continuidad a un proceso de solución de controversias con México al respecto.
De acuerdo con una nota de la agencia Reuters, que cita fuentes anónimas, el gobierno estadounidense ha pedido a las partes interesadas que preparen declaraciones juradas que documenten ciertas políticas contrarias a las reglas del T-MEC.
Desde la perspectiva de la agencia, esto evidencia que la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) planea instalar un panel de solución de disputas en virtud del amparo de ese tratado.
En concreto, Estados Unidos impugna una enmienda de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México que da prioridad a la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la electricidad generada por todos los competidores privados; y la inacción, retrasos, denegaciones y revocaciones de México de las capacidades de las empresas privadas para operar en el sector energético de México.
También impugna una regulación de diciembre de 2019 que concede sólo a Pemex una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre bajo la norma aplicable de combustible diésel para automóviles de México; y una acción de junio de 2022 que favorece a Pemex, CFE y sus productos en el uso de la red de transporte de gas natural de México.
Estados Unidos y Canadá solicitaron conversaciones de solución de controversias con México en julio de 2022.
En contrapunto, en agosto pasado, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, declaró que “se desactivó” la posibilidad de que se levantara un panel de solución de controversias de Estados Unidos y Canadá contra México en materia energética.
“Nosotros creemos que está desactivada la posibilidad de un panel en materia energética (contra México), y más bien estamos en pláticas para implementar el mecanismo que permitirá bajar formalmente la discusión energética de los paneles”, dijo entonces al periódico El Universal.
En febrero de este año, Buenrostro reiteró a El Economista su visión. Dijo que no había materia de conflicto con Estados Unidos y con Canadá, pues las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica estaban suspendidas por el poder judicial debido a los juicios de amparo interpuestos por diversos afectados.
Confió en que la inconformidad por la dilación de trámites administrativos en materia de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía también se debilitaría, pues el regulador estaba en proceso de agilizar sus labores tras las irrupciones por la pandemia.
Y, finalmente, habló de una preocupación de sus contrapartes por la congestión de las líneas de transmisión y distribución eléctrica, misma que sería atendida con el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad de robustecer las inversiones en esas áreas, que son de su competencia legal exclusiva.
“Se está esperando una licitación por parte de CFE para ampliar estos equipos y las líneas de transmisión. Tendría que salir en próximas fechas y ese sería el primer paso para destrabar la percepción que se tiene sobre la discriminación en el despacho energético”, dijo.
Chevron y Marathon plantean quejas
En tanto, Reuters refirió que compañías estadounidenses, como Chevron y Marathon Petroleum, se han quejado de que se les han negado permisos y solicitudes simples en decisiones que favorecían a Pemex y la CFE.
Desde 2013 se permite la competencia en todas actividades del sector energético en México, excepto en aquellas reservadas al Estado: la exploración y extracción de los hidrocarburos, el uso de energía nuclear para producir electricidad, y la transmisión y distribución de la electricidad.
Sin embargo, desde 2019 la política energética ha buscado fortalecer nuevamente la participación de las empresas estatales en el sector, adoptando medidas para fomentar la participación de Pemex y de la CFE en las distintas actividades en las que participa el sector privado. Pemex continúa siendo el principal operador en el sector de los hidrocarburos y el mayor contribuyente a las arcas públicas del país. La empresa enfrenta, sin embargo, dificultades financieras y operativas, que ha llevado al Estado a adoptar medidas para garantizar la rentabilidad y asegurar la sostenibilidad de la empresa.
México es un importante productor de petróleo crudo, pero debido a su poca capacidad para refinar el crudo que extrae, exporta gran parte de su producción e importa productos refinados. Uno de los principales objetivos de la política sectorial es por lo tanto mejorar la capacidad de refinación para lograr la autosuficiencia.
A mediados de agosto pasado, la USTR solicitó la formación de un panel de resolución de disputas con México relacionado con políticas biotecnológicas y el maíz al amparo del T-MEC.
