Armando Ortega, presidente del grupo de trabajo de minería de la Cámara de Comercio Canadiense en México (CanCham), ha arrojado luz sobre la implementación retroactiva de la ley minera que comenzó en mayo. Esta implementación ha limitado la capacidad de los concesionarios con títulos previos para embarcarse en proyectos de exploración.
Aunque la percepción general es que los cambios legislativos deberían tener un alcance prospectivo, muchas empresas mineras se ven ahora enfrentadas a decisiones administrativas que, según Ortega, contradicen el espíritu de la reforma. El escenario actual presenta desafíos, especialmente en áreas como la aprobación de la manifestación de impacto ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y la autorización de cambio de uso de suelo por la Comisión Nacional Forestal.
La Cámara Minera de México (Camimex), ha instado a las autoridades a abordar demoras en la respuesta a las solicitudes de permisos ambientales. Resaltan la necesidad de actuar con prontitud, especialmente cuando las empresas se adhieren estrictamente a los criterios legales.
Una tendencia creciente muestra que empresas con concesiones previas, al acudir a la Semarnat, son dirigidas primero a la Secretaría de Economía. Esta última, a su vez, orienta a las empresas a establecer acuerdos con el Servicio Geológico, un proceso que algunos consideran tedioso y restrictivo.
A pesar de la claridad en la redacción de la reforma minera, que destaca la responsabilidad exclusiva de la SGM en la exploración minera, hay preocupaciones sobre interpretaciones erróneas por parte de ciertos funcionarios. El nuevo marco legal, según expertos, debe aplicarse claramente solo a nuevos concesionarios.
Mientras que la industria y el gobierno siguen colaborando en la formulación de reglamentaciones para las nuevas leyes, el sector minero permanece alerta y espera una dirección clara y justa en el futuro.
