Tal como lo había anunciado la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el Gobierno remitió al Congreso de la República un proyecto de ley para asegurar el acceso universal al agua potable con prioridad para población en condición de pobreza o vulnerabilidad.
De acuerdo con esa iniciativa estatal, la norma se aplicará a la población sin acceso al agua potable en los ámbitos urbano y rural a nivel nacional.
Este acceso que propone el Ejecutivo sería de carácter temporal, a ser proveído en zonas donde no hay conexión a redes, y a través de intervenciones de rápido impacto y con menores plazos, priorizando el uso de opciones tecnológicas incluso no convencionales.
La temporalidad antes citada se extenderá, hasta que los beneficiarios puedan tener acceso a la prestación de los servicios de saneamiento (regulares), pero se aplicará además en áreas que no constituyan zonas de riesgo no mitigable, y según la oferta hídrica disponible.
La iniciativa legal indica que serán los gobiernos locales, regionales, el Minsa y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y sus programas y la OTASS, los que realizarán las acciones necesarias para implementar esta norma, dotando de equipamiento para garantizar el almacenamiento y traslado seguro del agua potable a los beneficiarios.
