A los conflictos sociales y la tramitología que suelen afectar a la minería, se suma una lenta pero constante tendencia del Estado a reducir el territorio nacional donde está permitido desarrollar legalmente esa actividad.
Así se puede colegir al analizar cifras del último reporte de minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de febrero del 2023, en el cual se consigna que, oficialmente, se han declarado 11,320 zonas restringidas a la minería, que abarcan 52,302,972 hectáreas, lo que representa el 40.70% de todo el territorio nacional.
Hace un año, las zonas restringidas a dicho sector comprendían un área total de 44.9 millones de has., o el 35% de la superficie total del país, es decir, que en un año el área prohibida a las mineras creció en 7.3 millones de has.
Sin embargo, antes de la pandemia, en el 2019, eran 38.5 millones de has., o el 30.01% del territorio, donde no se permitía desarrollar exploración o explotación de minerales. Ello significa que, en cuatro años, se incrementaron en 14 millones las has. no permitidas a dicha actividad.
Ello está asociado a decisiones de los últimos gobiernos, de crear nuevas categorías de zonas intangibles, siendo una de ellas la declaración de determinadas zonas como ecosistemas frágiles.
Así, en tres años se han declarado 188 zonas como ecosistemas frágiles, las que ocupan 5.10 millones de hectáreas, o 3.9% del territorio peruano. Además, se han reconocido cinco reservas indígenas que abarcan 2.8 millones de hectáreas, o el 2.2 del área total.
A eso se añade la creación de dos reservas territoriales, que comprenden 1.3 millones hectáreas o el 1.0% del área total del país. Las reservas territoriales y reservas indígenas en el Perú son superficies intangibles delimitadas por el Estado a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.
